Doxxing a ministros en España: canal ultraderechista en Telegram publica datos y posibles imágenes privadas en una campaña de acoso político
Un canal de Telegram vinculado a entornos ultraderechistas publicó datos personales de siete ministros y de otras figuras políticas, activando investigaciones de la Policía y la Audiencia Nacional; un hacker que se define nazi se atribuye la exfiltración, y el debate legal sobre la difusión de fotografías sin consentimiento vuelve a primer plano en España.
Alarma por doxxing político en España: un canal de Telegram ultraderechista difunde datos y posibles “imágenes” privadas de ministros y otras figuras públicas
Qué ha pasado
- Un canal de Telegram con más de 32.000 seguidores publicó domicilios, teléfonos, DNIs y correos de siete ministros del Gobierno, además de datos de exdirigentes del PP y de dirigentes de Podemos, en un episodio de doxxing masivo que ya investigan la Comisaría General de Información y el CCN-CNI.
- Entre los afectados figuran María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz; también se difundieron datos de Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina, Ana Pastor, Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias, con indicios de que parte de la información de PP y Podemos estaría desactualizada.
- Días después, se reportó una segunda filtración con nuevos cargos: Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Francina Armengol, Salvador Illa y otros, en una escalada que llevó la causa a la Audiencia Nacional y al bloqueo del grupo implicado.
La pista del hacker “nazi”
- El ciberdelincuente que se identifica como “Gov.eth”, activo en América Latina, reivindicó la exfiltración y presume afinidad “nacionalsocialista”, extremo que inquieta a los investigadores por su discurso antisemita y apologético de Hitler y Mussolini.
- La SER y La Vanguardia detallan que los datos acabaron amplificados en un canal de Telegram afín a Alvise Pérez, encajando con el modus operandi de “brecha-exfiltración-difusión” característico de campañas de hostigamiento político.
- El Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional abrió diligencias bajo secreto, al valorar la sensibilidad de la información y el posible impacto en la seguridad de los cargos.
El rol de Telegram y la galaxia ultraderechista
- Según Público, el chat desde el que se distribuyeron listados de teléfonos, direcciones y DNIs está enlazado como “grupo de discusión” del canal de Alvise Pérez, lo que facilitó viralidad y un entorno favorable a mensajes de acoso y deslegitimación.
- La SER describe el canal como un espacio con publicaciones que atacan al Gobierno y difunden mensajes xenófobos, un ecosistema que normaliza filtraciones masivas bajo la coartada de “interés público”.
- La reiteración de filtraciones en 48 horas y su extensión a ministros, opositores y periodistas dibuja un patrón de campaña coordinada, con capacidad de daño reputacional y riesgo para la seguridad personal.
“Imágenes privadas” y límites legales en España
- El Tribunal Constitucional ha establecido que los medios no pueden publicar fotografías extraídas de redes sociales sin autorización para ilustrar noticias, incluso si los perfiles eran accesibles, al prevalecer el derecho a la propia imagen e intimidad en contextos no justificados por un interés informativo claro.
- La doctrina deriva de un caso que condenó a un diario por usar una foto tomada de Facebook, fijando un estándar de protección reforzada frente a la apropiación “informativa” de contenido personal.
- A la luz de este marco, la difusión de “imágenes privadas” vinculadas a listados de doxxing podría constituir una intromisión ilegítima y agravar responsabilidades si se prueba una finalidad de hostigamiento o señalamiento.
Por qué importa
- Un doxxing contra altos cargos tensiona la frontera entre escrutinio público y violencia política digital, con efectos multiplicadores en redes y canales cerrados que dificultan la trazabilidad y la retirada del contenido.
- La atribución a un hacker con ideología extremista y la posterior difusión en canales de ultraderecha apuntan a una convergencia entre ciberataque y propaganda, una combinación que ya se observa en otros países.
- Reforzar la seguridad de datos, la coordinación policial y las pautas editoriales sobre uso de material privado es clave para blindar la conversación pública y proteger a cargos y periodistas.
Claves del caso
- Doxxing masivo a siete ministros y nuevas filtraciones a altos cargos y periodistas en 48 horas.
- Reivindicación por “Gov.eth” y causa bajo secreto en la Audiencia Nacional.
- Jurisprudencia del TC contra la publicación de fotos de redes sin consentimiento: límite a la explotación mediática de material privado.
Qué observar a partir de ahora
- Evolución de la investigación judicial y posibles imputaciones por revelación de secretos, amenazas o delitos informáticos; el secreto de sumario sugiere diligencias técnicas en curso sobre la brecha y la cadena de custodia.
- Respuesta de plataformas y canales: bloqueos, preservación de pruebas y medidas proactivas contra la redifusión de listados y material personal.
- Protocolos de ciberseguridad y privacidad en ministerios y partidos, incluido un plan de notificación temprana y apoyo a víctimas de doxxing.
Resumen y reflexión final
La publicación coordinada de datos sensibles de ministros y otras figuras públicas por un canal de Telegram ultraderechista, sumada a la reivindicación de un hacker de ideología nazi, configura un episodio grave de hostigamiento digital con derivadas penales y de seguridad que ya están en manos de la Audiencia Nacional. La jurisprudencia del Constitucional sobre imágenes y contenidos privados vuelve a ser central: la protección de la imagen y la intimidad no decae por el cargo público cuando la difusión carece de auténtico interés informativo.
En un entorno donde el ciberataque se hibrida con la propaganda, el reto no es solo técnico sino también comunicativo y ético: cortar la cadena de amplificación, exigir responsabilidad editorial y reforzar una cultura de derechos que ponga límites claros al uso de material personal como arma política.
Doxxing a ministros en España: canal ultraderechista en Telegram publica datos y posibles imágenes privadas en una campaña de acoso político