La huelga general por la vivienda y la respuesta del PP y Vox: mucho ruido y ninguna solución
El PP y Vox llevan semanas deslegitimando la huelga general del 11 de noviembre. Hablan de sindicatos y de política, pero casi nunca de vivienda
Una huelga que no se veía desde 2012
Este 11 de noviembre España vive su primera huelga general convocada por CCOO y UGT desde 2012, y la primera durante los gobiernos de Pedro Sánchez. No la convocan solo los sindicatos mayoritarios. UGT, CCOO, CGT, Co.Bas, Solidaridad Obrera y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas reclaman el derecho a la vivienda, salarios dignos y un coste de la vida asumible.
Por lo tanto, la huelga nace de un problema que afecta a millones de personas. Sin embargo, la reacción del PP y de Vox se ha centrado en otra cosa: desacreditar a quien convoca.
Qué han dicho Feijóo, Abascal y Ayuso
Según el repaso de El Plural, PP y Vox llevan semanas criminalizando la jornada. Feijóo la califica de disparate sin equivalente en la Unión Europea. También critica que caiga un día después del funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.
Abascal va más lejos. Sostiene que es una huelga política que no debería ser legal y acusa a los sindicatos de servir a Sánchez y de vivir de la subvención pública. Ayuso, por su parte, habla de «mafia sindical» y de «basura» que hay que acabar.
Primera crítica: se ataca al mensajero y no al problema
Es el reproche más repetido. Quien convoca la huelga reclama acceso a la vivienda, y la respuesta es hablar de las subvenciones sindicales. Los convocantes han insistido en que no es una huelga contra un partido concreto, sino contra unas circunstancias que impiden a mucha gente acceder a una vivienda digna.
Además, ni Feijóo ni Abascal han presentado en estos días un plan concreto que dé respuesta a esas reivindicaciones. En consecuencia, los críticos ven una estrategia de desgaste y no una alternativa.
Segunda crítica: el derecho de huelga no es una concesión
La Constitución reconoce el derecho de huelga en el artículo 28.2. Pedir que una huelga general «no sea legal» significa cuestionar un derecho fundamental, y no solo una convocatoria concreta. Además, la doctrina constitucional ha admitido huelgas que presionan contra políticas socioeconómicas, que es justo lo que aquí se plantea.
Los sindicatos defienden su legalidad laboral. La patronal la rechaza, y USO ha decidido no apoyarla. Es un debate jurídico legítimo, pero no equivale a llamar «enemigos del pueblo» a quienes ejercen un derecho.
Tercera crítica: la acusación de «sindicatos callados» y sus contradicciones
Tanto Feijóo como Abascal reprochan a los sindicatos que no hayan movilizado antes. Pero ese argumento no sostiene que la protesta de hoy sea ilegítima. Quien lo usa viene a decir que una reivindicación solo vale si llega en el momento que le conviene a la oposición.
Del mismo modo, el reproche por el calendario es discutible. La huelga cae dos días antes del inicio de la campaña del 29N, pero la crisis de la vivienda no depende del calendario electoral. Y esta incoherencia pesa más en comunidades como Extremadura, donde el PP gobierna con Vox y la vivienda y la despoblación son problemas diarios.
Qué dicen PP y Vox para defender su posición
Para ser justos, conviene recoger su versión. Ambos partidos sostienen que la huelga tiene un fin político y electoral, que busca favorecer al Gobierno y perjudicar a la oposición a las puertas de las elecciones. Argumentan también que la financiación pública de los sindicatos compromete su independencia y que el paro afecta a trabajadores y empresas que no lo secundan. Ayuso ha insistido en que no niega el derecho sindical, sino lo que considera abuso e imposición. Los sindicatos y los movimientos de vivienda rechazan esa lectura.
Reflexión final
La vivienda es hoy una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Se pueden compartir o no los métodos de la huelga, pero la política seria exige respuestas. Mientras el PP y Vox discuten la legitimidad de los sindicatos, quien paga un alquiler imposible sigue esperando propuestas. El 29N, cada votante podrá valorar quién ha hablado de soluciones y quién solo de quien protesta.
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