Extremadura perdona 178 millones a las eléctricas
La Junta de Extremadura de María Guardiola defiende una rebaja progresiva de la ecotasa que beneficiará a Iberdrola, Endesa y Naturgy. Una decisión que supone renunciar a casi 178 millones de euros de ingresos públicos hasta 2029 y que abre un debate fundamental: ¿quién paga realmente el precio del desarrollo energético extremeño?
Hay decisiones políticas que permiten conocer mejor que cualquier discurso cuáles son las prioridades de un Gobierno. Y la decisión del Ejecutivo de María Guardiola de reducir progresivamente la ecotasa que pagan las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz es una de ellas.
La medida, que supondrá dejar de ingresar aproximadamente 177,9 millones de euros entre 2027 y 2029, tiene como principales beneficiarias a tres de las grandes compañías energéticas del país: Iberdrola, Endesa y Naturgy.
La explicación ofrecida por la Junta resulta llamativa: las eléctricas atraviesan una situación de «absoluta desesperación» por la presión fiscal que soportan y necesitan incentivos para garantizar la continuidad de Almaraz.
Pero conviene detenerse un momento y hacerse una pregunta: ¿de verdad tenemos que creer que unas compañías de esta dimensión necesitan que Extremadura renuncie a casi 178 millones de euros para que sigan desarrollando su actividad?
178 millones que dejarán de entrar en las arcas extremeñas
Las cifras del proyecto presupuestario son bastante claras. La reducción de la ecotasa se aplicará de manera escalonada durante tres ejercicios:
- 2027: bonificación del 30 %, con una pérdida estimada de 28,1 millones de euros.
- 2028: bonificación del 60 %, con una merma de 56,2 millones.
- 2029: bonificación del 100 %, con una renuncia a recaudar 93,6 millones de euros.
En total, 177,9 millones de euros que dejarán de ingresar las arcas autonómicas.
No estamos hablando de una pequeña ayuda a una empresa familiar, de un incentivo para un autónomo que intenta mantener abierto su negocio o de una subvención para impulsar una iniciativa empresarial en un pueblo amenazado por la despoblación.
Estamos hablando de tres multinacionales energéticas con una enorme capacidad económica y una posición estratégica en el mercado eléctrico español.
Y aquí aparece la primera contradicción: mientras se exige responsabilidad fiscal a las administraciones y se habla constantemente de la necesidad de controlar el gasto público, se decide renunciar a una cantidad considerable de ingresos procedentes de algunas de las mayores compañías del sector energético.
¿Es esta la mejor manera de gestionar los recursos de Extremadura?
La supuesta desesperación de las eléctricas
La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha defendido la rebaja fiscal argumentando que las compañías eléctricas se encuentran sometidas a una elevada presión tributaria por parte del Gobierno central.
Sin embargo, resulta difícil aceptar sin más el relato de unas multinacionales desesperadas que necesitan el sacrificio fiscal de una comunidad autónoma para mantener su actividad.
No debemos olvidar que hablamos de empresas con una presencia determinante en el sistema energético español, con importantes activos y capacidad de influencia económica.
La pregunta no es si Almaraz debe continuar funcionando. La cuestión es en qué condiciones debe hacerlo y qué obtiene Extremadura a cambio de mantener una instalación de semejante importancia estratégica.
Porque una cosa es defender la continuidad de una central nuclear y otra muy distinta es convertir esa defensa en un argumento para conceder beneficios fiscales a sus propietarios sin exigir contrapartidas suficientemente claras, verificables y vinculantes.
Si la continuidad de Almaraz es tan importante para la economía regional, las condiciones deberían negociarse desde una posición de firmeza, no desde la renuncia anticipada a ingresos públicos.
Extremadura produce energía, pero ¿qué recibe a cambio?
Esta es probablemente la cuestión más importante de todo este debate.
Extremadura lleva décadas aportando recursos naturales, territorio e infraestructuras al sistema energético nacional. La región ha asumido los costes territoriales y ambientales de actividades estratégicas para el conjunto del país.
Sin embargo, la riqueza generada no siempre se ha traducido en oportunidades suficientes para sus habitantes.
Seguimos teniendo municipios que pierden población, jóvenes que se marchan por falta de empleo, dificultades para acceder a determinados servicios y comarcas que necesitan inversiones para mejorar sus comunicaciones y sus posibilidades de desarrollo.
En ese contexto, la ecotasa no debería contemplarse únicamente como un impuesto que molesta a determinadas empresas. También representa una herramienta de capacidad fiscal y de compensación territorial.
Su desaparición plantea una cuestión de fondo: ¿qué mecanismos tendrá Extremadura para garantizar que la riqueza generada por su actividad energética repercuta realmente en la población?
No basta con producir electricidad. No basta con que las grandes empresas anuncien inversiones. No basta con prometer miles de empleos.
Los extremeños necesitan resultados concretos.
Los 4.000 empleos como argumento político
La Junta sostiene que la rebaja fiscal es necesaria para facilitar la continuidad de la central y proteger alrededor de 4.000 empleos.
Es un argumento importante que merece consideración. Detrás de esas cifras hay trabajadores, familias, empresas auxiliares y municipios cuya actividad económica depende directa o indirectamente de Almaraz.
Nadie debería frivolizar con su futuro laboral.
Pero precisamente porque hablamos de miles de trabajadores, el Gobierno regional debería explicar con claridad qué compromisos concretos han asumido las compañías a cambio de esta importante reducción fiscal.
¿Existe un compromiso contractual que garantice esos puestos de trabajo?
¿Se han establecido objetivos de inversión y contratación local?
¿Hay garantías de que los beneficios fiscales se traducirán en actividad económica en Extremadura?
¿Se ha condicionado la bonificación a resultados verificables?
Porque si se trata de entregar ventajas fiscales a cambio de promesas, los ciudadanos tienen derecho a conocer hasta el último detalle del acuerdo.
Los empleos no pueden utilizarse como una cifra genérica para justificar cualquier decisión económica. Deben existir compromisos medibles y mecanismos de control.
¿Qué podría hacer Extremadura con 178 millones?
Quizá convenga cambiar por un momento el enfoque del debate.
En lugar de preguntarnos cuánto necesitan las eléctricas, deberíamos preguntarnos qué podría hacer Extremadura con casi 178 millones de euros.
Podrían contribuir a reforzar servicios públicos, mejorar infraestructuras, impulsar políticas de vivienda, apoyar a los pequeños municipios, financiar proyectos de desarrollo rural o mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes.
No se trata de afirmar que toda esa cantidad tenga que destinarse a una única política. Se trata de recordar que los ingresos públicos tienen un valor y que renunciar a ellos tiene consecuencias.
Cada euro que deja de ingresar la Hacienda autonómica es un recurso que ya no estará disponible para financiar otras necesidades, salvo que se compense mediante otras fuentes de financiación o mediante ajustes presupuestarios.
Y Extremadura tiene demasiadas necesidades pendientes como para considerar insignificante una renuncia de esta magnitud.
Una cuestión que va más allá del PP, Vox y el PSOE
El debate también ha evidenciado el enfrentamiento entre los grupos políticos.
El PSOE ha criticado duramente la decisión y ha acusado al Gobierno de ponerse del lado de las grandes compañías energéticas mientras las familias extremeñas tienen dificultades para llegar a fin de mes.
La Junta, por su parte, defiende que la rebaja es necesaria para garantizar el futuro de Almaraz y responsabiliza al Gobierno central de la presión fiscal que soporta el sector.
Pero reducir este asunto a un enfrentamiento partidista sería quedarse en la superficie.
La pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano, independientemente de sus preferencias políticas, es si esta operación beneficia realmente al conjunto de Extremadura.
Porque los recursos públicos no pertenecen al Gobierno de turno ni a las empresas que desarrollan su actividad en la región. Pertenecen al conjunto de la sociedad, y su utilización exige transparencia, responsabilidad y una justificación convincente.
La continuidad de Almaraz puede ser una prioridad económica y laboral. Pero también debe ser una oportunidad para negociar mejores condiciones para Extremadura.
El problema de siempre: las grandes decisiones se toman fuera y las consecuencias se quedan aquí
Extremadura conoce demasiado bien esta historia.
Durante décadas, nuestra tierra ha aportado recursos al desarrollo de otros territorios sin conseguir siempre una compensación proporcional en empleo, infraestructuras y oportunidades.
Ahora, cuando se presenta la oportunidad de defender los intereses económicos de la comunidad, el Gobierno autonómico decide iniciar un camino de reducción progresiva de la fiscalidad que afecta a las propietarias de Almaraz.
Y lo hace invocando la desesperación de unas compañías cuyo tamaño económico contrasta con las dificultades cotidianas de miles de extremeños.
No se trata de estar en contra de las empresas, de la inversión privada o de la continuidad de la energía nuclear. Extremadura necesita actividad económica, industria y empleo estable.
Pero el desarrollo económico no puede construirse sobre una relación en la que las administraciones renuncian a ingresos públicos mientras las grandes empresas reciben beneficios sin que las contrapartidas estén suficientemente claras.
Si las eléctricas quieren garantías para continuar su actividad, Extremadura también debe exigir garantías para su futuro.
Porque una región que produce energía no debería tener que conformarse con las migajas de su propia riqueza.
Conclusión: ¿quién defiende los intereses de Extremadura?
Los 177,9 millones de euros de rebajas fiscales previstos hasta 2029 no son una simple cifra presupuestaria. Representan una decisión política sobre quién debe asumir los costes y quién recibe los beneficios de una actividad económica estratégica.
La Junta de Guardiola sostiene que está protegiendo Almaraz y sus empleos. Puede que ese objetivo sea legítimo y necesario. Pero la legitimidad de una medida no se demuestra únicamente con las intenciones que proclama un Gobierno, sino con sus resultados y con las condiciones que impone a quienes se benefician de ella.
Extremadura no puede permitirse ser únicamente el territorio que produce energía, soporta las instalaciones y contempla cómo otros deciden el destino de la riqueza generada.
Necesita gobiernos que negocien, exijan y defiendan sus recursos con firmeza.
Porque las grandes eléctricas tienen consejos de administración, equipos jurídicos y departamentos financieros para defender sus intereses.
La pregunta es quién está defendiendo, con la misma determinación, los intereses de los extremeños.
En El Bellotero Autóctono creemos que Extremadura merece algo más que promesas. Merece respeto, transparencia y una política económica que ponga a sus ciudadanos por delante de los privilegios de las grandes multinacionales.
Artículo de opinión. Elaborado a partir de la información publicada por elDiario.es sobre el debate presupuestario y la reducción progresiva de la ecotasa a las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz.
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